La crisis global y medidas gubernamentales impactan en la industria local de IT. Cómo evoluciona el sector y cuáles son las perspectivas según empresarios y funcionarios.
Por Alicia Giorgetti
La industria del software y servicios informáticos (SSI) no es lo que era. En 2008, el sector mostró su mejor desempeño: la facturación y las exportaciones crecieron cerca de 30 por ciento y el empleo, un 16 por ciento. Pero en 2009 la crisis global frenó todo: según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), el sector SSI facturó U$S 2.440 millones, un 19,8 por ciento más interanual (por la inflación) y exportó US$ 547 millones, apenas 8,5 por ciento de aumento. El empleo creció 5,6 por ciento. A este contexto infrecuente para un sector habituado a la bonanza, se sumaron decisiones de los gobiernos nacional y porteño que agregaron tensión al mercado.
A pagar la auditoría
En mayo, el Ministerio de Industria y Turismo emitió la resolución 177/10 por la cual terceriza en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la tarea de auditar a las empresas que soliciten o estén beneficiadas por la Ley 25.922, de Promoción de la industria del Software (LPS). Y establece que el costo de esa tarea será pagado en efectivo por las compañías auditadas con el siete por ciento del beneficio percibido. La decisión levantó polvareda. Gustavo Guaragna, Managing Director de Snoop Consulting, dice: "El siete por ciento es excesivo para una tarea que, además, no se puso en competencia entre universidades. Seria más razonable relacionar el pago con el número de empleados. Por otro lado, las exportaciones y las certificaciones de calidad son sencillas de auditar. Es bueno que haya auditorias pero no es buen momento: nosotros exportábamos a España y el volumen de ventas bajó y el euro cayó". La opinión es compartida por Adrián Hettema, director general de Sofrecom: "Hasta ahora, la auditoría la hizo la Secretaria de Industria, a través de informes cuatrimestrales y anuales que las empresas promocionadas debemos presentar. Esta novedad fue prevista en la Ley de Presupuesto 2010 pero nos sorprendió el porcentaje, que es muy alto". El artículo 76 de la Ley 26.546, de Presupuesto 2010, votada en noviembre de 2009, otorga a la autoridad de aplicación de la LPS (la Secretaría de Industria de la Nación) la opción de realizar por sí o a través de universidades nacionales la auditoria de los beneficiarios. Y dice que el porcentaje que éstos deberán pagar por la tarea es "hasta siete por ciento". Pero la resolución 177/10 quitó el "hasta" y dejó el porcentaje. Marcelo Di Chena, socio de MasterSoft, afirma que "la LPS determina estabilidad fiscal por 10 años y si se hubiera fijado un 1,5 por ciento del beneficio no se afectaría, pero 7 por ciento es excesivo. Muchas Pymes de software empezamos a ver poco atractiva la promoción porque el costo de mantenerla es muy alto con respecto al beneficio obtenido, en un contexto donde el costo de los recursos humanos crece mucho". El empresario admite que "sin la LPS, nuestra realidad seria otra, pero con un 7 por ciento menos deberemos recortar planes de inversión", explica Di Chena. Las perjudicadas son las empresas que exportan gran parte de su producción de software, porque no pueden usar el crédito fiscal que obtienen de la exención en las contribuciones patronales para pagar IVA (Impuesto al Valor Agregado). Y ahora deberán pagar en efectivo el 7 por ciento de ese crédito fiscal. Según Carlos Rolandelli, presidente de Ryaco, "la Secretaria de Industria estaría revisando puntos de la resolución". Information Technology se comunicó telefónicamente con María Luz Martínez, coordinadora del Régimen de Promoción de la industria del Software de la Secretaría de Industria, quien manifestó que no puede hacer declaraciones periodísticas y sugirió pedir audiencia con algún funcionario. El trámite a través del área de Prensa fue infructuoso.
Contrato directo
La misma resolución 177/10 incluye el "Convenio de asistencia técnica para el control y verificación del régimen", firmado por el Ministerio de Industria y Turismo, y la secretaria de Extensión Universitaria de la facultad de Ciencias Económicas (UBA).
Estará vigente hasta el 31 de diciembre y dispone que la facultad hará dos tareas: visitas técnicas a empresas que quieran ingresar al régimen, e informes de control sobre las ya inscriptas. Dice que por cada tarea recibirá "un monto fijo y total de $ 38.000" y prevé $ 5.000 por cada respuesta a descargos que hagan las empresas beneficiarías, "gastos por viáticos, movilidad, muebles y útiles" y un pago por "gastos administrativos equivalente al 5 por ciento de los montos facturados". En el sector calculan que la facultad percibirá cerca de $ 50.000 por empresa auditada, y en el Registro de Productores de la Industria SSI hay 260 empresas inscriptas. Por lo tanto, la tarea completa demandaría cerca de $ 13 millones que deben abonarse con el 7 por ciento del beneficio obtenido por las empresas, o costo fiscal de la promoción. Las empresas del sector de SSI suponen que no es posible hacer 260 auditorías en lo que resta del año, y como una parte del 7 por ciento a pagar (correspondiente al beneficio sobre cargas sociales) es retroactivo a enero, temen terminar 2010 sin haber sido auditadas pero habiendo pagado. El convenio dice que la facultad es la responsable de contratar al personal afectado a las tareas.
¿Subcontratará a empresas del sector, como es habitual cuando el Estado contrata directamente a universidades públicas amparado en el decreto 204/04? Emiliano Yacobitti, secretario de Extensión Universitaria de la facultad de Ciencias Económicas (UBA), no brindó precisiones. "La idea es contratar a profesionales de varios rubros: contadores, licenciados en Sistemas, algunos juniors, algunos ingenieros. Ya se están integrando los equipos. La cantidad a contratar depende de cuántas empresas haya que auditar", dice. Y agrega que la coordinación estaría a cargo de un profesor de la facultad, sin especificar quién.
Sobre llovido...
También en la ciudad de Buenos Aires pasan cosas. Martín Vartabedian, secretario del Polo IT Buenos Aires, dice que algunas compañías ya no gozan de la exención en el impuesto a los Ingresos Brutos, vigente desde hace más de un año. "El 10 por ciento de las empresas del Polo IT tienen el problema y la Cámara de Empresas de Software (CESSI) recibió 27 reclamos. A principios de año varias empresas que estaban exentas recibieron intimaciones y, a los dos meses, muchas otras fueron retiradas del padrón de exentos sin el debido acto administrativo.
Esto generó un reclamo formal de CESSI y se obtuvo la reinscripción en el padrón, pero la discusión de fondo (qué actividades están exentas) se mantiene", dice.
En febrero de 2009, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que para acceder a la exención o reducción en Ingresos Brutos, dispuesta por la Ley 2511, de Ciencia, Tecnología e Innovación, las empresas debían empadronarse como exentas y serían inspeccionadas para verificar su adhesión a la LPS. Snoop Consulting recibió la inspección de AGIP Guaragna, su Managing Director, dice que "mientras la hacían, nos bajaron la exención. Nos enteramos porque grandes clientes empezaron a retenernos Ingresos Brutos". La explicación depende de quién la brinde. Para las empresas, el tema está ligado con el Distrito Tecnológico que el gobierno porteño pretende crear y suponen que es una presión para que se trasladen allí. Pero Gustavo Svarzman, subsecretario de Desarrollo Económico del gobierno porteño, lo descarta: "Hubo casos donde se suspendió la exención de Ingresos Brutos porque no se cumplían requisitos. El impuesto a los Ingresos Brutos es de pleno derecho, cada empresa evalúa si le corresponde o no pagarlo. Y AGIP tiene la potestad de verificar si cumple con la normativa, que sólo abarca el desarrollo de software. AGIP encontró empresas que también tienen ingresos por capacitación, consultoría, venta de hardware y subalquileres". Desde el Polo IT Buenos Aires, Vartabedian, estima que "es un análisis erróneo, porque las condiciones de la LPS, a la que la ciudad adhirió, abarcan mantenimiento, servicios informáticos de valor agregado y otros temas". Guaragna asegura: "No vendemos hardware, la capacitación es el uno por mil de los ingresos y la consultoría es sobre desarrollo de software". Para Rolandelli, el gobierno porteño quiere "armar un nomenclador distinto al de la LPS". El subsecretario Svarzman afirma: "A las empresas que mayormente desarrollan software se les extenderá la exención a entre 10 y 20 por ciento de actividades vinculadas. Y AGIP especificará qué está incluido en la exención". Vartabedian se lamenta y dice que "esto afecta mucho ya que el sector está trabajando al límite por el tipo de cambio y porque los salarios crecieron mucho más que la facturación".
LEY NACIONAL 25.922
De setiembre de 2004. La Ley de Promoción de la Industria del Software (LPS) otorga exenciones impositivas a quienes creen, diseñen, desarrollen, produzcan, implementen y pongan a punto sistemas de software. Estas empresas pueden convertir en crédito fiscal hasta 70 por ciento de las contribuciones patronales a la seguridad social (artículo 8) y tienen bonificado el 60 por ciento del impuesto a las Ganancias (artículo 9).
Para accederal beneficio deben acreditar dos de tres condiciones: hacer investigación y desarrollo de software, tener una norma de calidad o exportar software.
Tiene vigencia hasta septiembre de 2014, pero hay un proyecto de ley para extenderla hasta 2019.
LEY PORTEÑA 2511
De noviembre de 2007. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación adhiere a la Ley Nacional 25.856, que declara al Software como Industria (artículo 27). El decreto reglamentario 1321, de noviembre de 2008, establece que para acceder a los beneficios de la actividad industrial, las empresas de software deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Económico que junto con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) fijará el procedimiento a cumplir. La exención en Ingresos Brutos es total si la facturación del año anterior fue menor a $ 20 millones. Si no, la alícuota es uno por ciento. Las empresas no exentas pagan 3 por ciento.
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